Entre las acusaciones que se le formula al fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario y que motivó su suspensión, se encuentran la de “formar parte de una red dedicada al tráfico de mercancías a través de la frontera” y “mal manejo de los expedientes, evidencias y documentos”.
Así se hace constar en la resolución del Consejo Disciplinario del Ministerio Público, emitida el pasado 8 de agosto, en el cual se dispone la suspensión sin “disfrute” de su sueldo.
Al fiscal Adriano Rosario se le atribuye valerse de sus funciones y utilizar bienes propiedad de la institución para realizar el traslado de mercancía contrabandeada, dentro de las cuales se encuentran cigarrillos ilegales”.
Aunque la resolución no menciona si será parte del grupo de fiscales que se someterán por la eliminación de antecedentes penales del registro del Ministerio Público a cambio de soborno, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución, informó que estaba siendo investigado en el caso Gavilán. Señala la resolución que también entregaba, de forma irregular, bienes muebles e inmuebles que figuran en procesos penales como cuerpos del delito, beneficiando a personas vinculadas a la comisión de diversos ilícitos penales, violación de protocolos y procedimientos institucionales sobre manejo de evidencias irregulares diversas en la organización y control de expedientes o registros de casos, entre otras”.
De la fiscalía de Independencia, la coordinadora administrativa de esa institución, Pilar Yrene Medina Trinidad, el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso como medida de coerción arresto domiciliario por admitir los hechos de borrado de fichas penales.
Sobre el contrabando de mercancía, Medina Trinidad habría admitido, según la resolución de suspensión emitida.
