Un tribunal de la provincia de La Vega impuso una sentencia de 20 años de reclusión, junto al pago de una compensación económica de cuatro millones de pesos dominicanos (RD$4,000,000), contra un hombre hallado culpable de causar la pérdida de su pareja sentimental. El hecho ocurrió el 21 de marzo de 2024, en el sector Venecia del municipio Jarabacoa.
Melvin Julián Quelix Serrata fue declarado responsable del delito de homicidio voluntario agravado en perjuicio de Rosanna Del Carmen Acosta Veloz. Según los documentos judiciales presentados, el hecho se produjo durante una discusión surgida después de que la joven le comunicara su intención de trasladarse a Santo Domingo.
El expediente del caso indica que el acusado, en medio del altercado, tomó un cuchillo y un bisturí, con los cuales agredió repetidamente a Acosta Veloz. Luego, procedió a realizarle una herida letal en el cuello. La joven, de 24 años de edad, dejó de vivir a consecuencia de una fuerte hemorragia externa causada por un total de diez heridas cortopunzantes, localizadas en la región del cuello y el abdomen.
Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida en la tina del baño de la vivienda alrededor de las 2:15 de la tarde del mismo día. La información fue confirmada mediante los informes forenses emitidos tras la intervención de los equipos de investigación.
Después de cometer el acto, el condenado intentó terminar con su existencia al ingerir una sustancia tóxica y hacerse cortes en las muñecas, según detalla el expediente. No obstante, recibió atención médica y fue posteriormente sometido a la acción judicial correspondiente.
El tribunal, tras examinar las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, consideró suficientes los elementos presentados para emitir la sentencia condenatoria. La pena incluye, además del tiempo de reclusión, el pago de una indemnización dirigida a los familiares de la víctima.
Este caso fue tramitado por las autoridades judiciales correspondientes a la provincia de La Vega, quienes reiteraron su compromiso con el cumplimiento de las normas legales aplicables y con la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, en concordancia con los procedimientos establecidos por la legislación vigente.
