Un tribunal dictó arresto domiciliario como medida de coerción para todos los imputados en la Operación Lobo, además de impedimento de salida del país para tres de los acusados, según informó este miércoles el procurador adjunto Wilson Camacho.
“Todos los imputados del proceso quedaron privados de libertad”, enfatizó Camacho al ofrecer detalles sobre la decisión judicial, que también declaró la complejidad del caso, lo que permitirá ampliar los plazos para la investigación.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) aprovechó para cuestionar lo que considera una contradicción entre el discurso y la práctica judicial, en cuanto a la promoción de acuerdos entre el Ministerio Público y los imputados.
Camacho reiteró el compromiso del Ministerio Público con la figura de los acuerdos, siempre que los imputados colaboren con la investigación. “Lo decimos en la teoría y lo hacemos en la práctica, y lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.
Al referirse al fondo del caso, reveló que la red de sobornos en torno a contratos de seguridad en instituciones públicas es aún más extensa de lo que se ha presentado hasta ahora.
“Vamos a ir por todo. Y no
