Dantes Ortiz Núñez
República Dominicana ha hecho ingentes esfuerzos por establecer la democracia liberal; empero, tal objetivo se ha visto bloqueado por la discontinuidad política, el escaso desarrollo económico y la no creación de las instituciones que sustentan el funcionamiento de la democracia.
El escaso desarrollo económico de las fuerzas productivas ‒manifiesto en la producción de autoconsumo, el pírrico comercio y la aislada y precaria circulación de mercancías y dinero‒ era parte de los limitantes que durante la Primera República ‒y parte de la segunda‒ caracterizaban a la sociedad nacional.
Una población estimada en 126,000 habitantesdistribuida en una geografía de cerca de 50,000 km2, sin urbanización alguna, carente de carreteras para comunicar por tierra la capital con las distintas regiones y provincias, muy poco contribuía a forjar un Estado y menos un Estado moderno.
La población tenía poca comunicación de región a región, producto de los aislamientos que producían la falta de medios y vías de comunicación terrestre. Los contactos se efectuaban vía marítima, por medio del cabotaje. Por las condiciones del país en el siglo XIX eran pocos los pasajeros y escasos los productos que se podían transportar, y las demandas por la «inmigración deseada» como portadora de «civilización» se incrementaban.
En tales condiciones, se requería de una penetración modernizante del Estado a la sociedad civil a los fines de crear la materialidad estatal, es decir formar el conjunto de obras públicas que hiciera al Estado presente en la vida cotidiana y que al mismo tiempo permitiera su consolidación paulatina para reducir el evidente déficit civilizatorio que acusaba.
¿De dónde habrían de salir los recursos para acometer tal tarea? El panorama resultaba más oscuro aún, toda vez que tampoco existía un aparato recaudador que captara recursos para el Estado y permitiera financiar tal proceso.
A dicha situación hay que sumarle la inestabilidad político-militar derivada de las campañas frente a Haití hasta 1856, y luego la guerra de 1858 contra Báez; más tarde, la guerra de la Restauración (1863-1865) y la inestabilidad producto del caos de los caudillos (1866 y 1879) que emergieron de la Guerra Restauradora. Todo ello articulado a la situación de la economía, que no se modificaba en lo esencial.
Los efectos de la Guerra Restauradora fueron catastróficos para la economía, pues toda la población apta para combatir participó de una u otra manera en ella. El ganado vacuno fue diezmado, las exportaciones cayeron y el país disminuyó sus actividades productivas.
La tarea de penetrar la sociedad y crear los mecanismos propios de la modernidad se hacía cada día más difícil. La comunicación entre el Estado y las distintas regiones que revestían carácter estratégico requería grandes inversiones, proporcionaba trabajos, creaba vías para expandir el comercio y servirle a la población, pero lo más importante era que permitía disminuir la lucha por la capitalía y sentaba las bases para un centro supranacional político-administrativo, que a su vez creara la centralidad estatal. Nada de eso se iniciaba y cuando se hizo fue en forma autoritaria bajo la administración de Heureaux. Los procesos constitutivos del Estado no iniciaban, más bien retrocedían, lo que puede ser llamado como un estancamiento.
En el marco de tal situación no era factible que sin bases materiales (crecimiento de la producción y circulación de las mercancías) operara cambio alguno y sin la creación de un mercado interno, el pago de impuestos y la creación de las debidas agencias oficiales no podía pensarse en Estado moderno. De manera que el país se debatía entre la necesidad de crear la modernidad y su realidad precapitalista.
La intelectualidad insistía en los reclamos por un nuevo orden, que no era otro que superar el precapitalismo existente y tramitar hacia el orden y del progreso, que era la forma ilustrada de llamar al capitalismo en el siglo XIX.
¿Cómo, sin recaudación interna, los gobiernos podían acometer las tareas propias de la creación de infraestructuras viales, materialidad estatal, crear un orden socioeconómico, así como los legalismos propios de la modernidad? La clase dirigente identificaba los problemas, empero no los podía superar.
El nudo gordiano comenzó a desatarse por factores externos. El ascenso de Estados Unidos a la condición imperialista creó una dinámica expansionista en Centroamérica y el Caribe; la Guerra de los Diez Años en Cuba y la crisis en la producción de café en Puerto Rico permitieron, a su vez, una emigración masiva huyendo de la guerra y buscando mejores condiciones de vida que afectó a República Dominicana como país receptor, permitiendo que esos factores externos, articulados a otros internos ‒dados por el ascenso al poder del Partido Liberal o Azul al poder en 1879‒ se unieran para modificar la formación social del país, hecho que provocó que el modo de producción capitalista pasase a ser dominante a su interior. A partir de este momento se registró una dinámica económico-política que lentamente fue transformando el país.
La modificación de la composición de la formación social fue lenta, pero continua. Modificó los aparatos del orden, frenó el constante caos que representaban las montoneras, expandió los elementos educativos, tanto los institucionales directos (escuelas e institutos) como los medios de comunicación. Aun así, los intelectuales siguieron clamando por el deseado progreso.
La Guerra de los Diez Años en Cuba se manifestó entre los dominicanos con una importante migración que se estableció en Puerto Plata, Santiago, La Vega y otras partes del Cibao; una parte invirtió capitales en la moderna industria azucarera a partir de 1872. La crisis en la producción del café en Puerto Rico también se reflejó en migración importante a República Dominicana, dedicándose a distintas actividades. Ahora bien, el mayor impacto se produjo cuando Estados Unidos alcanzó el grado de país imperialista e inició la expansión fuera del territorio continental, hacia Centroamérica, el Caribe y República Dominicana, donde invirtió capitales
La llegada de extranjeros inversionistas creó una corriente migratoria, especialmente de las Antillas Menores, que amplió la producción cañera y estimuló las exportaciones, pero para lograr sostener la industria del azúcar y expandir las ventas fue menester endeudarse y acometer las tareas necesarias para sustentar la nueva industria, que era crear la infraestructura que reclamaba el funcionamiento industrial.
Puede sostenerse que dada la situación del país y todas las demandas creadas por la penetración de los capitales norteamericanos, los inversionistas cubanos, puertorriqueños e italianos, la necesidad de crear un orden que permitiera la reproducción de los capitales era incomparable con el desorden existente; se requería paz a cualquier precio para que la fuerza de trabajo se dirigiese hacia y desde los centros de trabajo, para que las mercancías circulasen, es decir, para que funcione el mercado, y para que las demás acciones cotidianas se efectuaran; dado el caos, nada de eso podía ocurrir normalmente.
El orden era un imperativo no solo del capital sino de la ciudadanía. Para establecer ese anhelado orden ‒necesario para la paz y el «progreso», debido a que los gobiernos «democráticos» de los azules habían fracasado en sus intentos de frenar el caos y crear‒, desde que gobernó en 1882-1884, Ulises Heureaux (Lilís) había estado perfilándose como el hombre adecuado, con el carácter y voluntad necesarios para esas tareas. Desde que fue ministro del gobierno de Meriño (1880-82), tal fue su proyecto personal; su capacidad manipuladora quedó confirmada durante el gobierno 1884-1886, encabezado por Billini y luego por su pupilo Woss y Gil.
Lilís respondía a la perfección a los requerimientos para garantizar la creación del orden que la burguesía necesitaba para acometer las tareas de la inversión y reproducción del capital. Desde el Estado, él garantizaba que se tomarían las medidas para proteger esas inversiones. Así, desde 1887 hasta su ajusticiamiento en 1899, el proyecto de los grupos económicos creció estimulado por el orden dictatorial; se creó una centralización supranacional autoritaria, se amplió la materialidad estatal ‒aunque limitada‒, se facilitaron las exportaciones e importaciones, lo que articuló la economía nacional a los circuitos del capital internacional, y ello conllevó el crecimiento de la deuda, a la par que se iba cristalizando el ideal del progreso.
Vale decir que se satisfizo la demanda de los inversionistas, pero tan pronto la autoridad central de Lilís se vino abajo ese proceso desapareció, el orden creado por él se desarticuló y otra vez el país se encontró con el desorden social y político que lo había caracterizado desde la proclamación de la República.
El período 1899-1906 tuvo características que reprodujeron el caos y el desorden, y que hicieron que lo alcanzado bajo la dictadura de Lilís se fuera a pique y se crearan las condiciones sociopolíticas para que la alianza del capital extranjero y los inversionistas nacionales demandase otro gobierno de fuerza a los fines de garantizar las inversiones, la producción y la circulación de la fuerza de trabajo y mercancías.
El ascenso político de Cáceres
La muerte de Lilís estuvo relacionada con la situación socioeconómica del país a tal punto de que cuando se suscribió el acuerdo de 1893 con Estados Unidos, que transfería el grueso de las exportaciones de este país a Estados Unidos, en desmedro de la tradición de ventas a Europa, Lilís rompió el equilibrio de fuerzas sociales que lo apoyaban, las que entraron en movimiento; las que salían perjudicadas pasaron factura y se motorizó el complot que terminó ajusticiándolo.
La destacada participación de Ramón Cáceres (Mon) en el ajusticiamiento del dictador lo hizo saltar a la notoriedad y luego los acontecimientos político-militares en los que tomó parte forjaron su interés por la política y las cosas del Estado. Entre 1899 y 1905 Cáceres fue parte de casi todos los conflictos armados acaecidos en el país. También conoció el exilio en Cuba y fue objeto de no pocas tramas para liquidarlo por su parentesco con Horacio Vásquez.
Entre 1902 y 1905 Cáceres tuvo como único norte participar de las ideas y correrías políticas de Horacio Vásquez, su primo y amigo de infancia, quien lo había involucrado en la trama contra Lilís.
Justamente por eso Cáceres se vio expuesto a toda clase de situaciones y peligros, pero ‒paradoja de la vida‒ esas situaciones político-militares, narradas con proliferación de detalles por Pedro Troncoso Sánchez y José Novas, irán perfilando a este hombre, que al parecer no se daba cuenta de sus dotes personales para la guerra y la política, pues en todo, se colige, actuaba bajo el ímpetu de su primo y líder político Horacio Vásquez.
Desde la gobernación de Santiago se comenzó a ver que Cáceres tenía más amplitud de miras que Vásquez por la forma en cómo manejaba los conflictos. En 1905 se gestó una alianza caudillista que pretendía sacar del poder a los lilisistas, encabezados por Woss y Gil; el representante del horacismo fue Cáceres y como tal quedó como vicepresidente cuando triunfó esa «Revolución».
Bajo la administración Cáceres se hicieron obras y pusieron en ejecución servicios que fueron cambiando el perfil del país premoderno para continuar con la fase de la dinámica capitalista, que luego sería continuada por los norteamericanos entre 1916 y 1924, y más tarde por Trujillo entre 1930 y 1961. Así, la introducción de la versión dominicana del capitalismo pasó por las dictaduras de Heureaux, Cáceres, Estados Unidos y Trujillo, para construir elementos de modernidad ‒a todas luces insuficientes‒ por lo que aún se clama por ella, pero indudablemente se avanzó.
CÁCERES Y EL ESTADO
Uno de los problemas centrales de la modernidad es la relación entre el Estado y la sociedad civil; este tema es crucial para entender la situación del período de la primera y segunda República en la historia nacional dominicana y de paso, para abordar el presente político-institucional.
¿Puede acaso existir Estado moderno en el marco de una sociedad cuya formación económico-social esté signada por relaciones sociales precapitalistas? ¿Existe crecimiento y desarrollo económico-social que no se reflejen en crecimiento de las instituciones propias de la modernidad capitalista?
De acuerdo con una pléyade de autores, existe una cierta correspondencia entre desarrollo material y procesos institucionales; entonces, ¿por qué se ha tenido lo primero y no lo segundo en República Dominicana?
El Estado y su consolidación requieren de una base económica, que a su vez le permita superar las características premodernas e ir instituyendo expresiones institucionales que creen independencia política frente a las clases dominantes y frente a la sociedad civil. Esto solo es factible superando el «poder-propiedad» y control que las clases dominantes tienen del poder estatal, que hacen del Estado un instrumento al servicio directo de sus particulares intereses y no de la totalidad la sociedad.
Para superar ese «poder-propiedad» el Estado debe crea una serie de mecanismos; en primer lugar, la autonomía económico-financiera por medio de leyes fiscales que delimiten cuánto, cómo y de qué manera recibirá sus ingresos (autonomía fiscal); segundo, formar o crear un conjunto de instituciones con tareas especiales, pero amparadas en la fiscalidad, asumir esas tareas únicas de recaudación. Si son para recaudar reciben el nombre genérico de aparatos recaudadores. Tercero, fomentar, desde los aparatos educativos, que se formen profesionales y técnicos con especialidad en el ramo fiscal, a los fines de que conozcan las leyes generales del país y las de la fiscalidad, esto es, todo lo relativo a los ingresos del Estado; que laboren en los aparatos recaudadores, que superen interferencias y apliquen sus pericias y técnicas en recabar de las personas físicas y morales los impuestos y tasas que a su vez doten al Estado de los recursos fiscales necesarios para poder prescindir de cualesquiera otras entradas que no sea la instituida legalmente. Así, el Estado logra su autonomía económica y establece su autonomía política relativa frente a la sociedad civil y los grupos dominantes. Al lograr la autonomía política relativa, pues nunca es absoluta, el Estado dispone de los recursos para servir a toda la sociedad civil, la penetra con intenciones modernizantes o civilizatorias.
¿Cómo sirve el Estado a toda la sociedad? Lo hace de varias formas:
Para los fines de este trabajo me basta lo aquí establecido. Consultando a Wenceslao Vega encontramos leyes y organismos institucionales, pero muy pocas funcionaban por lo que no había disciplina social real. En la disciplina social es indispensable que la justicia funcione para todos los ciudadanos y se respete la ley.
Jaime de Js. Domínguez establece de las características económicas en las dos épocas (primera y parte de la segunda República), la mayoría de tipo premoderna, de modo que los grupos dominantes de la época controlaban lo poco de institucionalidad existente, lo que dejaba en evidencia la falta de institucionalidad. Bosch, en su «Perfil político de Pedro Santana» muestra como este personaje estaba por encima de las instituciones. Estos son casos típicos de precapitalismo y cuasi ausencia estatal, donde el gobernante no reconoce más ley que su voluntad.
La llegada del Partido Nacional ‒o Partido Azul‒ al poder político en 1879 encabezado por Gregorio Luperón en Puerto Plata, coincide con la expansión de los capitales norteamericanos en Centroamérica y el Caribe, la migración cubana a República Dominicana y con la llegada de puertorriqueños al país.
La dictadura de Ulises Heureaux fue, grosso modo, un intento sistemático de desarrollo capitalista, pero al decir de Ramonina Brea, «autoritario», no resultado de procesos institucionalizantes. Así, al ajusticiarse al tirano se dispersa la centralización lograda durante su administración y se retorna al desorden de los caudillos que imperaba a lo largo de la primera República (1844-1861) y parte de la segunda.
En el lapso 1899-1906, reafirmó la falta o déficit de Estado, aunque tuvimos varios gobiernos. Para retomar el camino del «progreso» ‒como clamaban los intelectuales de la época‒ se requería de leyes, instituciones, disciplina social, obras públicas, etc., lo que equivale a la necesidad de Estado y gobierno de crear disciplina social, legalismos, autonomía política y funcionalidad programática.
Al examinar la obra de Ramón Cáceres (1906-1911) a la luz de estos planteamientos verificamos que se trató de un intento sistemático de transitar del precapitalismo a la modernidad y para ello actuó coherentemente.
El examen de las características económico-comerciales del período 1899-1905 permite sostener la hipótesis de que la expansión del latifundio azucarero, el crecimiento de las importaciones y exportaciones, la novedad de la compañía Clyde y el crecimiento de la deuda no podían coexistir con una burguesía productiva exigiendo «orden y paz», las actividades gansteriles y el desorden de los caudillos. Había, pues, una demanda de paz y orden para satisfacer la defensa de la inversión, la circulación de la fuerza laboral, la producción y la circulación de las mercancías internamente. El mercado interno creció, como muestran Moya Pons y otros; en los años citados hubo un significativo aumento de mercancías manufacturadas en Estados Unidos.
Entre 1899 y el ascenso al poder de Ramón Cáceres, República Dominicana vivía un estado permanente de caos y desorden político-militar; las instituciones eran cuasi inexistentes, los caudillos regionales y nacionales no daban tregua a los diferentes gobiernos que se sucedían y las montoneras adquirieron cartas de ciudadanía. La situación de aquel entonces puede ser descrita de ingobernabilidad.
Tal situación afectaba en grande la marcha de los intereses y negocios de los inversionistas extranjeros y nacionales, que clamaban por paz y orden; orden centralizado y a cualquier costo, tal como había prevalecido en la nación durante los años de la dictadura de Heureaux. Los intereses de los empresarios estaban directamente asociados al Estado para todo tipo de dispensa, por lo que todo cuando ocurría en el Estado los afectaba. Paradoja, es el hecho de que quien llevó a efecto la decapitación de aquel estado de cosas fuera la persona con el perfil para reimplantar un gobierno de fuerza, porque pasó a encarnar los intereses de los grupos dirigentes en un contexto de más y más control sobre el Estado dominicano por parte de Estados Unidos, que estaba en apogeo en su expansión hacia Latinoamérica y avasallaba militarmente a México, Cuba, Puerto Rico y Panamá.
Ramón Cáceres se había negado sistemáticamente a sustituir a su primo en la jefatura del grupo que aquel acaudillaba; empero, estando en la posición de vicepresidente, por efecto de la alianza encabezada por Felipe Morales Languasco ‒que la Revolución de la Unión llevó al poder en 1904‒, pasó a ser un ente clave en las disputas por mayores cuotas de poder entre jimenistas y horacistas, y devino en presidente.
El presidente Morales Languasco era cada vez más un presidente sin control real del gabinete, pues este estaba integrado en su mayoría por adeptos del horacismo. Para superar esta situación optó por insurreccionarse contra su propia administración, estableciendo los contactos de lugar con los caudillos regionales aptos para levantarse en armas, sitiar la capital, obligar a los ministros a dimitir y entonces designar personas leales a su persona y tendencia en el tren administrativo.
El plan tuvo apoyo en la Línea Nordestana, base político-militar del jimenismo, y en el sur (Azua y Barahona). Cuando Morales Languasco se alzó en armas en diciembre de 1905, sufrió un accidente que le fracturó una pierna, inmovilizándolo para fines militar y el proyecto abortó.
Ramón O. Lovatón, presidente del Congreso, envió comunicación a la entidad para que se constituyera en tribunal que conociera de las recusaciones contra el presidente en armas, mas este no tuvo que sesionar, pues desde la legación norteamericana Morales remitió al Congreso una esquela renunciando a la presidencia el 12 de enero de 1906.
Al día siguiente la presidencia del Congreso envió comunicación oficial al general Cáceres, llamándole al ejercicio de la presidencia por dimisión de su titular.
La primera disposición de Cáceres como presidente fue otorgar salvoconducto al expresidente Morales Languasco y a un grupo de los suyos, para salir del país. Morales se estableció en Puerto Rico, se restableció de la pierna y se reintegró a las labores sediciosas contra Cáceres. La tarea que Cáceres siguió fue el control de la rebelión armada que se ubicaba en la llamada «Línea» y que tenía a Desiderio Arias como cabecilla.
Ramón Cáceres actúo personalmente en el Cibao y la drasticidad de sus órdenes rebelaron un jefe y conducta que contrastaba con sus viejas actuaciones en los episodios de las luchas de los caudillos en que tomó parte entre 1899 y 1904. Estableció una política de tierra arrasada que quitó base de apoyo político, recursos alimenticios y comerciales a los insurrectos. La legendaria actuación llevaría al pueblo a bautizar sus temibles tropas como la «Guardia de Mon», y él quedaría señalado, por la frase que los lugareños le atribuyeron durante años: «Vivos, ni los lagartos».
A partir del restablecimiento paulatino del orden, usando todo tipo de procedimientos contra los seguidores de Morales, aún en armas, la administración de Cáceres pudo ir creando el orden y la paz requeridos para que circularan las fuerza de trabajo, las mercancías, las tropas oficiales, los oficiales de las diferentes entidades estatales y se fuera produciendo una penetración modernizante en casi toda la esfera de la vida nacionales; decir, Cáceres procedió a crear las condiciones generales para la creación y reproducción del orden capitalista por la que clamaban los intelectuales desde antes del surgimiento de la moderna industria azucarera.
El equipo de Cáceres emprendió tareas que afectaron la Constitución de la República, los cabildos, aduanas y puertos, la agricultura, el alumbrado eléctrico, el proceso urbanístico, las aguas fluviales, la educación formal y artística, protección al consumidor y los actos del Estado Civil.
Por igual, el gobierno de Cáceres legisló sobre las migraciones, el comercio internacional, la Cámara de Comercio, la crianza de animales, las relaciones diplomáticas, la inserción del país al contexto internacional con acuerdos bilaterales y multilaterales y la deuda pública; regularizó los días feriados y los horarios oficiales de trabajo, introduciendo soluciones de continuidad a la administración del Estado que nunca se había llevado a cabo. Actuó con un programa altamente consistente.
Cáceres prestó atención a la explotación de las minas, a las granjas-escuelas, a la instrucción particular y pública, a los límites fronterizos y a las marcas de fábrica y patentes. Vale decir que tomó medidas tendentes a fomentar la producción agrícola, minera, avícola y apoyar la industria ligera.
Bajo su administración se reorganizó el cuerpo diplomático y consular, la Administración Pública, la administración judicial, se legisló sobre los objetos arqueológicos, pasaportes, solares y terrenos del Estado, sanidad y farmacopea. Como puede constatarse, se trató de una gestión que superó en acciones organizativas a todas las precedentes.
De todo cuanto se ocupó la administración Cáceres destacan la creación de infraestructura vial, la agricultura y los proventos a los cabildos y la fatídica convención dominico-americana de 1907, como elementos que, aunque no únicos, sí de carácter estratégico.
El punto más bajo de la gestión de Cáceres fue su comportamiento político frente a las imposiciones y exigencias norteamericanas, con las que fue complaciente en extremo hasta aprobar el pacto neocolonial de 1907, conocido como la «Convención Dominico-Americana», que institucionalizó la presencia estadounidense en el país, luego de 35 años de penetración económica, política, diplomática y comercial y que tiene su origen en la política agresiva de anexión de territorios y su correlato la expansión política, económica y militar.
LEYES IMPORTANTES: 1906-1911
Todo esto estuvo en vigencia hasta 1916, cuando se produjo la ocupación norteamericana.
La Constitución de 1907 creó la Secretaría de Agricultura e Inmigración, que inició sus operaciones en julio de 1908, siendo su primer incumbente Emilio Tejera y tuvo un rol estratégico cuando comenzó a operar. Esta secretaría fue administrada por funcionarios militares norteamericanos durante la ocupación de 1916-1924. Desde este organismo se fomentó la producción exportable.
En la Constitución de 1908 se atribuyó al Congreso la facultad de crear y suprimir secretarías de Estado; este iba configurándose como Estado fomentalista para suplir la debilidad de las inversiones agrícolas dado el carácter premoderno que tenía la economía.
En 1908 se estableció el recurso de casación y se le asignó a la Suprema Corte tal función. Se publicó el primer volumen del Boletín Judicial. En sentido estricto, en la medida que crecía y se ampliaba la producción y el comercio, así crecía el aspecto legal del Estado. Esto es cónsono con una dirección moderna ligada a la economía.
En 1909 se legisló y creó por vez primera la ley sobre instituciones bancarias, que creaba tres tipos de bonos: de emisión, hipotecarios y refractarios.
En 1911 se dictó la Ley de Partición de los Terrenos Comuneros con la cual se superaron las mercedes reales y los amparos reales otorgados desde la época de la colonia. Había sido sometida en 1909, teniendo la cubana de 1902 como referente.
En 1909 se aprobó la Ley núm. 4914, sobre Aranceles de Importación y Exportación, con doce artículos y mil doscientos dos párrafos y treinta y cuatro reglas. Esta norma fue considerada por Wenceslao Vega como la más completa y detallada de su especie. Se ampliaba y reglamentaba el aparato recaudador, sin el cual no existían recaudaciones sostenidas, las cuales eran estratégicas para el objetivo estatal de llevar su jurisdicción a escala nacional.
Así las cosas, la primera gran tarea de Cáceres fue la imposición del orden, mediante el uso amplio de la violencia estatal en aras de la salvaguarda de los intereses de los capitalistas acorde con el pensamiento ideológico dominante entre los intelectuales de la época, que clamaban por la modernidad y el progreso, mismo que pasaba por la superación del desorden de los caudillos, la creación y ampliación de la institucionalidad y la gestación de soluciones de continuidad para el proyecto capitalista.
Así como Heureaux se perfiló como el hombre con los rasgos y voluntad política para los intereses de los capitales extranjeros y desbloquear las barreras estructurales que impedían el avance de la modernidad en las décadas finales del siglo XIX, Cáceres reunía idéntico perfil, lo que fue captado por los sectores interesados que lo identificaron como tal en su trayectoria y accionar político-militar al lado y a favor de Horacio Vásquez, le brindaron apoyo y cerraron filas con él cuando ascendió al solio presidencial, así como a lo largo de su administración.
El don de mando que todos le acordaban se desplegó a plenitud a lo largo del año 1906 en todo lugar donde se verificó asomo de rebelión, en especial en Monte Cristi, donde el caudillo jimenista Desiderio Arias había convocado a las armas desde diciembre de 1905, en connivencia con el presidente Morales Languasco, para disminuir la hegemonía horacista en el gobierno y poder desplegar a su libre albedrío su programa entreguista asesorado por agentes del gran capital, especialmente norteamericanos, como bien ilustra la prensa de la época.
Frente al despliegue del poderío militar oficial en la zona noroestana las tropas irregulares de Desiderio Arias se dispersaron en toda la región, causando más efecto de demostración que de capacidad militar. Cáceres respondió aterrorizando a la población, reconcentrándolas en pueblos del interior, matando el ganado, impidiendo el comercio ilegal con Haití, sustrayéndoles la base de apoyo operativa y finalmente, imponiendo la voluntad estatal, acciones que encabezó personalmente. Con tal éxito operó Cáceres desde enero de 1906 que la montonera quedó reducida y pasó a complotar en distintos momentos hasta alcanzar al presidente el 19 de noviembre de 1911.
Después de controlar la insurrección de Arias, el hecho tuvo consecuencias favorables al objetivo estratégico de crear un orden, Cáceres salió fortalecido, aun cuando la sedición continuó, especialmente en el sur, en los alrededores de Barahona. Tomó las riendas del gobierno y de inmediato desplegó una gran capacidad de trabajo acometiendo tareas simultáneas para el ordenamiento político-institucional, económico-financiero y comercial, cultural y educativo, acorde con el fomentalismo que requerían los grupos de poder.
Cáceres contó en su gestión con el apoyo decidido de la élite representada en el Congreso Nacional y junto a este operó sin oposición significativa, puesto que articuló una gestión de alto contenido autoritario, no obstante el despliegue de los debates parlamentarios que las más de las veces eran reseñados por la prensa, pero circunscritos al ámbito sistemático, lo que era sintomático del proceso de superación de formas políticas premodernas que había caracterizado el quehacer político como preinstitucional. Los grupos de poder estaban transitando la senda de la representatividad, que era un rasgo propio de la democracia decimonónica, al margen de naturales descontentos frutos de la cultura levantisca dominante en la época.
Entre las necesidades que más llamaron la atención del ejecutivo destaca el ordenamiento de las aduanas, a los fines de incrementar los ingresos fiscales, hecho que se inscribía en la necesidad de modernizar el aparato recaudador, tareas básicas para el logro de una autonomía política relativa del Estado respecto a la sociedad y en especial de las clases dominantes, que, si bien no logró, sentó las bases para su ampliación y posterior continuidad bajo la dictadura de Trujillo. El aparato recaudador estaba controlado por Estados Unidos, aun desde antes de su control oficial en 1907, y en el marco jurídico de la convención de 1907 no puede hablarse de autonomía estatal, pues ahí se oficializó el protectorado.
Cáceres confirió amplio apoyo a la gestión municipal con leyes, subsidios, apoyo a sus iniciativas y coordinando con ella acciones tendentes a la ampliación de la presencia del Estado en la sociedad mediante la materialidad estatal y contó con los cabildos como aliados estratégicos a lo largo de su período de gestión.
En gran medida los elementos modernizantes se habían iniciado bajo la administración de Morales Languasco, como lo prueban las disposiciones tendentes a regular las actividades militares y policiales y dotarlas de jerarquía, uniformes, disciplina, juzgados, recintos, reglamentos y protocolos. No obstante, a lo largo del siglo XIX, luego de la independencia, las organizaciones militares del país estaban lejos de ser una entidad moderna.
La construcción del orden, como requisito de la modernidad, mereció atención central y ocupó la atención de los funcionarios y del presidente mismo, a lo largo del quinquenio. Como hecho destacado, el Estado intentaba ir construyendo un monopolio de la violencia como corresponde a todo Estado moderno, por lo que fue despojando a los gobernadores civiles de potestad militar, mas no lo consiguió por las muchas armas en poder de los caudillos y civiles que dirimían sus diferendos con enfrentamientos al tomar las leyes en sus manos y ejecutando sentencias de apremio personales y muertes por cuestiones diversas, hechos que corresponden al período jurídico del estadio precapitalista, cuando había una dispersión de la autoridad y cuando el poder-propiedad era una constante. El tema policíaco-militar fue recurrente, como se desprende de la revisión de la prensa de la época y de las cartas de los gobernadores al secretario de Interior y Policía. Si bien no se logró crear el monopolio de la violencia bajo control estatal, se sentaron las bases sobre las que más tarde se apoyarían los ocupantes de 1916 y Trujillo a partir de 1930.
Las atenciones a la cuestión militar iban al unísono con la coordinación con los gobernadores y los cabildos, como apoyatura al gobierno y creación de legitimidad.Esto permitió que la gestión de Cáceres tuviera mayores niveles de impacto positivo en la sociedad civil y gozara de mayor apoyo, aunque este siempre fue disperso.
El cabildo de Sabaneta, por cada cabeza de ganado que se sacara del municipio podía cobrar impuestos igual que el de Samaná y Barahona; al de San Cristóbal se le autorizó a cobrar medio centavo por cada quintal de azúcar que allí se produjera y lo mismo al cabildo de San Pedro de Macorís por la producción de alcohol.
Al cabildo de El Seibo se le autorizó el cobro de 10 centavos por cada galón de ron o alcohol que allí se introdujera. Hubo otra resolución del Congreso Nacional que aprobó al ayuntamiento de Los Llanos cobrar impuestos al cacao exportable. En 1907 se consignaron seis resoluciones oficiales a favor de los cabildos de Azua para que cobre cinco centavos por cada billete que allá se vendiese; al de Villa Duarte, a cobrar medio centavo por cada quintal de azúcar que genere; al de Sabana de la Mar a cobrar diez centavos por cada galón de alcohol que allá se introduzca. A favor del de Samaná, a cobrar diez centavos por cada galón de ron que produzca; a favor del de Sánchez, a cobrar 5 % por cada billete que se expenda y a favor de Puerto Plata y Santiago a cobrar 2 ½ por cada quintal de tabaco que vendan.
El año 1908 es representativo de la política recaudatoria a favor de los municipios, pues se acordaron ocho autorizaciones para recabar fondos a los ayuntamientos de Santo Domingo, El Seibo, San José de Ocoa, Samaná y Pimentel.
Al año siguiente se aprobó un significativo incremento de los impuestos a varios artículos y otra vez se autorizó oficialmente a los cabildos de Pimentel, San José de Ocoa, Samaná, San Juan de la Maguana, Higüey, Blanco a gravar el ron, los billetes de lotería y alcohol, a retener para sí parte de lo que en su jurisdicción se producía, casi siempre para destinarlo a obras públicas. Tales autorizaciones retratan la precariedad de recursos económicos de esa y las anteriores administraciones.
En 1910 se autorizó al cabildo de San Juan a cobrar alcabala y a los de Jarabacoa y el Seibo a cobrar 10 centavos por cada galón de aguardiente producido y lo mismo al cabildo de Puerto Plata. Ese año, se autorizó al cabildo de Santo Domingo a cobrar impuesto anual por marcas a los carros que se estaban introduciendo desde hacía dos años al mercado. Tales autorizaciones beneficiaron también a los ayuntamientos de San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Monte Cristi, El Cercado y Dajabón, por aguardiente; a Azua por materiales inflamables allí introducidos, a La Romana por alcohol producido y nuevos recargos o arbitrios a Las Matas de Farfán y Santo Domingo.
Se trató siempre de impuestos exiguos, sobre todo los aplicados a la producción de alcoholes, puesto que la producción de azúcar estaba exenta de gravámenes, y ellos no compensaban ni remotamente lo que, en materia de tierras, agua, infraestructura y facilidades, el Estado acortaba a los ingenios en 1911, con doce resoluciones del Congreso a favor: Santiago por ron, San Cristóbal por lo mismo, San Francisco de Macorís, cobro de 10 centavos por bebidas alcohólicas; Sabaneta, 4 centavos por cada cien kilos de efectos que entren a Guayubín; La Vega, Moca, Las Matas, Enriquillo, Valverde, Jánico e Higüey, 4 centavos por cada galón de alcohol vendido. Está claro que mientras al capital extranjero se le exoneraba de impuestos se gravaba la producción nacional, sobre todo entre 1900 y 1916; además, el país seguía un ritmo ascendente de endeudamiento para financiar la creación de infraestructuras, orden y juridificaciones, es decir en la creación de las condiciones generales para la inversión y reproducción del capital.
La captación de recursos vía la política fiscal no afectaba la agricultura de exportación, ni los ingenios, áreas de significación en la configuración del capital productivo; y si bien se incrementaron las recaudaciones estas estaban muy por debajo de lo que puede estimarse si los centrales no estuvieran exentos de pago de gravámenes. Así, las exoneraciones a los ingenios privaban al fisco de millones que engrosaban las ganancias de los propietarios a expensas del Estado y la nación.
De todas maneras, el Estado dispuso de fondos para obras civiles que se realizaron con preferencia en aquellos lugares que requerían infraestructura vial para el transporte hacía los puertos. Tal fue el caso de las carreteras y caminos vecinales. Por ejemplo, la de Santo Domingo-Este partía de las cercanías del ingenio en el barrio Pajaritos, iba a San Luis, llegaba a Boca Chica y alcanzaba San Pedro, área de los grandes productores de azúcar. Estas obras en mucho beneficiaron a los buhoneros, que se desplazaron a todos los rincones del país ofertando sus mercancías y con ello ampliando el mercado interno, aunque sin mayor trascendencia.
Agricultura
Entre los temas más relevantes que merecieron la atención del presidente Cáceres y su equipo de gobierno se destaca la actividad agraria. La agricultura entró en un proceso de lenta modernización desde 1870con la industria azucarera, pero permaneció en esa área hasta el régimen de Cáceres, quien tomó medidas que afectaron toda la estructura agraria y pecuaria en lo productivo y comercial.
La prensa y los intelectuales le dedicaron atención, criticando el abandono del campo, sugiriendo invertir en él, crear infraestructura, fundar escuelas, abrir caminos y fomentar las exportaciones.
Cuando se promulgó la Constitución de 1908, se creó la Secretaría de Agricultura e Inmigración, pero durante todo un año la parte de inmigración fue inoperante, hasta fines de ese año. A partir de diciembre de 1908 se designaron funcionarios de la cartera en las provincias y estos iniciaron sus trabajos mediante diagnósticos y para 1909 ya remitían al secretario del ramo sus informes.
Entre 1909 y 1911 la cartera devino estratégica para el gobierno de Cáceres, pues rendía informes sobre la situación del agro, estadísticas diversas y adquiría insumos en el extranjero. Fueron creadas cientos de parcelas particulares, mesuradas, deslindadas y divididas, con títulos separados para terrenohabientes.
Un juez de primera instancia designaba un agrimensor que medía las tierras, el documento que evacuaba contenía la dimensión de la propiedad y podía ser usado en los tribunales contra cualquiera, por más años que estuviera en el lugar, y despojarlo del derecho adquirido. Este documento sirvió de base legal para despojar a miles de campesinos en aras de regular la propiedad de la tierra; proceso lento, pero efectivo de descampesinización que luego sería perfeccionado bajo la ocupación norteamericana de 1916-1924 con la Ley Torrens, que los invasores aplicaron en Filipinas tras ocuparla en 1898, luego de la guerra cubano-hispana-norteamericana del mismo año.
Los datos suministrados por los delegados y gobernadores permitieron al secretario de Agricultura e Inmigración, Lic. Luis Tejeda Bonetti, ir construyendo gráficos y estadísticas sobre los montos de las exportaciones de café, cacao, tabaco y azúcar.
La disponibilidad de información sobre el país desde 1906 en censos parciales y catastros, permitieron recolectar informaciones para la Exposición de Milán,donde se encontró todo tipo de datos útiles: «población, división en comunes, datos demográficos, escolares, geológicos, fauna y flora, oportunidades de comercio (…) y clase de tierra y producción agrícola de cada común…».
Convencidos estaban los intelectuales de la época de lo necesario que eran las medidas fomentalistas para el añorado desarrollo agrícola y por tal razón sugirieron nuevos cultivos como ajíes, árboles frutales y arroz secano. Desde antes los cultivos de hortalizas se estaban extendiendo con los inmigrantes sirios, libaneses y palestinos.
A finales del siglo XIX comenzó un proceso generalizado de inserción sistemática del campesinado en redes de mercado mediante la plantación de géneros para la exportación…
Cuando avanzó el proceso de descampesinización, concomitante al avance de la empresa capitalista, los campesinos optaron por desplazarse hacia tierras no cultivadas, donde no contaban con impedimento alguno. La mayor incidencia del aparato estatal sobre la hacienda campesina no se contraponía a la persistencia de sus patrones técnicos y sociales, sino más bien los favorecía; pero el campesino y su dedicación a los cultivos era itinerante, pues cuando cosechaba se abandonaba y se iniciaba el proceso en otro lado, ahora con nuevos cultivos.
El agro cambió a partir de la legislación para superar las tierras o terrenos comuneros, que desde la época de la colonia predominaba en la geografía nacional y que permitía el libre acceso a los campesinos. Los inicios del capitalismo diezmaron la propiedad comunal, reduciendo su peso en la sociedad, pero no desapareció, sino que se articuló a la formación social nacional como subalterno hasta el día de hoy. En este hecho, por igual influyó la escasa población y la cantidad de tierras disponibles.
Para 1909 el Gobierno ordenó estudiar la zona de Azua a los fines de ver cómo se hacía explotable La Plena a partir de la irrigación por canales de los ríos Yaque del Sur, Tábara o Jura. La obra tenía como objetivo central crear las condiciones para fomentar la agricultura y por igual, favorecer a los ingenios de la zona. «Las fincas de caña que tienen riego en la común de Azua obtenían el agua de pozos artesanos excavados dentro de la propiedad real». (sic)
López insiste en la conveniencia de la obra: «La Hoya del Yaque tiene miles de millas cuadras de superficie, de manera que las aguas que afluyen al cauce tienen volumen suficiente para regar toda la provincia Azua, y aún mucho más territorio».
Pues con su «enorme inagotable volumen de agua, aunque costara más dinero, la obra sería más económica, porque su ulterior acción de fomento en la agricultura azuana sería más óptima que un ahorro en el costo primitivo del trabajo».
A la creación de canales de riego, caminos, puentes, carreteras y nuevas líneas ferroviarias se agregó la sugerencia para construir las granjas-escuelas experimentales que propuso don Eladio Sánchez, que fue acogida favorablemente. Al respecto, López acota: «Por eso el cultivo científico de la tierra debe ser campaña costosísima del gobierno. Que el hombre, y sobre todo el agricultor, conozca como a sus manos la única fuente prolífera del mundo, la urbe universal que nos suministra, cuando la conocemos y bien tratamos, cuando hemos de menester para el sostenimiento de la vida».
Todo cuando ocurría se debía al hecho de que el inspirador de la organización del Estado lo era Federico Velásquez y Hernández, un verdadero estratega de las finanzas, jefe de la Secretaría de Hacienda. Para López, el éxito de Cáceres se debió a este personaje. Ahora bien, en un régimen presidencialista con alto componente caudillista, si se hacía cualquier trabajo o disposición porque el presidente así lo quería, lo apoyaba y tal como ocurre hoy, se relaciona la obra o servicio con la voluntad del presidente.
Es hecho cierto que durante la administración de Cáceres se prestó especial atención al agro entre 1905 y 1908, como queda establecido en las estadísticas de la época.
LA ORGANIZACIÓN BANCARIA
Durante la administración de Cáceres se dio otro paso fundamental para la estructuración de una sociedad moderna: se creó la primera ley bancaria en 1909.
La ley bancaria normó la creación de tres tipos de bancos: el de emisión, el hipotecario y el refaccionario. Para crear una de estas entidades era menester una autorización del presidente y un depósito de $500,000.00 para uno de emisión: $100,000.00 para uno hipotecario y $50,000.00 para uno refaccionario, que operaba con garantías prendarias, como cosechas, máquinas y/o bienes personales como joyas.
El primero en establecerse fue el Banco Nacional de Santo Domingo, cuyos propietarios eran norteamericanos encabezados por Samuel Jarvis, que luego creó el Banco Nacional de Cuba. El segundo en abrir fue el International Banking Company of New York, que operó en una sucursal en Santo Domingo.
Más tarde comenzó a funcionar The Royal Bank of Canada y por último The Bank of Nova Scotia. Estas entidades dan cuenta del flujo de las actividades mercantiles, pues rápidamente se extendieron a Santiago, Sánchez, La Vega, Puerto Plata, San Pedro y San Francisco de Macorís. Los lugares donde se establecieron eran cabeceras de febriles actividades de exportación, producción azucarera, tabaco, cacao y puertos de embarques principales del país, que incrementaron sus actividades luego de inaugurado el ferrocarril Sánchez-La Vega y Santiago-Puerto Plata, bajo la dictadura protocapitalista de Heureaux.
El establecimiento de estos bancos era indicador del crecimiento de las actividades económicas, fruto a su vez, de las medidas jurídicas, de fomento, administrativo, político-militar y de apertura al capital extranjero. El capitalismo, en tanto estímulo al comercio se hacía sentir en el país.
La relación entre inversionistas norteamericanos, el auge de la producción, la creación de facilidades y las condiciones legales por el Estado, el incremento de las exportaciones y la expansión del crédito bancario expresan una dinámica capitalista que poco a poco abarcó las principales regiones, haciendo que de la premodernidad los grupos dirigentes a ellos vinculados transitaran hacia la modernidad relativa, pues eran muchos los factores estructurales que en el pasado bloqueaban dicho tránsito.
Tras el asesinato de Cáceres en 1911 el auge bancario no se detuvo y eso que el país entró una profunda crisis político-institucional. Entre 1913 y 1916 se registraron nuevas restructuraciones legales, como expresión de las pugnas bancarias, así al Banco de Santo Domingo le fueron retirados los derechos monopólicos y a Santiago Michelena se le ampliaron las prerrogativas,tanto las entidades bancarias como la normativa que los regulaba fueron codificadas con posterioridad.
LA PENA DE MUERTE
En las sociedades precapitalistas la pena de muerte y las militarizaciones estaban a la orden del día, no había necesidad de mucha mano de obra, pues las unidades productivas eran pequeñas y aisladas y los propietarios, dada la dispersión de la justicia, podían operar a su libre albedrío.
En las sociedades modernas las grandes conquistas individuales han sido la libertad de expresión y la inviolabilidad de la vida.
En República Dominicana, a lo largo de la Primera República (1844-1861) y en parte de la segunda (1865-1916), las autoridades aplicaron la pena de muerte sin reparos; a principios del siglo XX, bajo la administración de Cáceres, el tema de la pena de muerte se debatió en la prensa entre juristas y periodistas.
Con la aprobación de la nueva carta magna en 1907, se acordó prohibir la pena de muerte: «No se impondrá jamás la pena de muerte ni otra alguna que implique pérdida de la salud o de la integridad física del individuo».
Además de la pena capital se prohibía la tortura, método predilecto de las autoridades para venganza, confesiones o castigos. Si bien, personalmente el presidente se privó a cometer venganza frente a los sindicados por el rumor público como asesinos de su padre y conjurados en su contra, la Guardia Republicana y la Policía Rural actuaron sin reparos aplicando la pena de muerte in situ, sin que mediara formalidad jurídica alguna. Está claro, se aprobó la prohibición de la pena capital, pero no se generalizó su aplicación y el principio jurídico de igualdad ante la ley nunca ha logrado pasar del papel hasta hoy.
En 1908 hubo otra modificación a la Constitución y esta vez la pena de muerte quedó limitada a delitos de tipo político. Lo que se hizo fue validar lo que en la cotidianidad se hacía: pasar por las armas al que tenía ideas y prácticas contrarias a las oficiales. Se juridificó una cosa y se practicó otra, lo que evidencia contradicción y práctica contrapuesta. Las violaciones más abiertas a esta disposición constitucional la llevarían a cabo los norteamericanos entre 1916 y 1924.
La Constitución de 1924 también consignó la prohibición y todas las modificaciones constitucionales posteriores han mantenido tal prohibición, empero en ningún período gubernamental ha dejado de aplicarse, sobre todo los desafectos políticos son encarcelados, juzgados y condenados al margen de la ley, aun sin comprobarse delito alguno.
El hecho que se prohibiera bajo el mandato de Cáceres no pasa de ser simbólico y da cuentas del interés y la conciencia existente, pero el escaso nivel de institucionalidad pesaba más que las aspiraciones de los intelectuales y del presidente.
EL APARATO RECAUDADOR
Si bien es cierto que en un Estado moderno es impensable sin una autonomía económica financiera, esto no siempre ha sido dable en las sociedades periféricas. El auge económico, fruto ‒sobre todo‒ del crecimiento de las exportaciones dadas por las coyunturas favorables del mercado mundial que favorecían los términos del intercambio, no se reflejó en una independencia financiera del Estado dominicano bajo la administración de Cáceres. Esto así porque para financiar la creación del orden, la infraestructura y aplicar el fomentalismo estatal se precisaba de recursos financieros y lo que aportaban las aduanas era harto insuficiente, lo que compelía al endeudamiento.
La convención dominico-americana de 1907 quitó al Estado la capacidad recaudatoria y, peor aún, la capacidad de distribuir los recursos recaudados, siguiendo la lógica de un programa, pues también le asignó al Poder Ejecutivo un asesor económico que debía orientar la dirección de los gasto e inversiones.
La lógica era clara, poner a toda la población a financiar la modernidad, exonerando de impuestos a los más ricos, como eran los propietarios de ingenios, y dándoles facilidades menguaban los ingresos fiscales y aumentaba el endeudamiento, que a posteriori se pagaría con impuestos directos a la población.
En 1909 se aprobó la Ley núm. 4914, sobre Importación y Exportación, que entró en vigor el 1 de enero de 1910; esta venía en discusión desde 1902 con el nombre de Ley de Aranceles. La nueva pieza contenía doce artículos, 34 reglas, agrupadas en catorce clases y 39 grupos.
Si bien la ley propendía a clarificar los ingresos estatales, eran tales las exenciones que quedó claro cuáles serían las fuentes de las recaudaciones: impuestos directos; por tanto, Cáceres y las otras administraciones debieron suplir los déficits fiscales con deudas, dado que los superávits eran insuficientes para sostener el amplio programa fomentalista. Esta situación se prolongó por cuatro décadas, hasta el advenimiento de Trujillo, y se retomó en 1966 con la administración de Balaguer.
El Estado incrementó, desde 1908, sus recaudaciones, pero estas no daban abasto y en ello pesaba la cuantía de recursos que dejaba de percibir por exoneraciones para favorecer a los capitalistas, por lo que se tornó imprescindible y oneroso el pago de la deuda y sus servicios.
Al respecto, el ministro de Hacienda decía: «La usura amenaza absorber las finanzas del Estado y mantener la República bajo la eterna tutela de los capitales extranjeros. Por cada peso prestado, los capitalistas deben recibir cinco, diez, a veces más; no obstante, las garantías exigidas». El país había caído en la trampa de endeudarse para lograr el «progreso»
Cabe destacar que en 1905 las importaciones ascendían a $4,281,337.00 dólares y para 1910 se remontaron de $6,462,238. Pero no eran mayores porque evasiones, exoneraciones y errores contables gravitaban negativamente sobre los ingresos.
Como ya se dijo, las exportaciones eran superiores, lo que permitió al gobierno recaudar en 1910 la suma de $999,695.00 que se dedicaron a gastos corrientes y obras públicas. Para ese año el presupuesto estimado para gastos era de $4,645,287 y los ingresos fueron de $4,705,738.43. Pero el pequeño saldo favorable contrasta con el ingreso necesario para hacer frente a las necesidades nacionales.
Al disponer un aparato recaudador eficaz se sentó la base para el despegue de las construcciones públicas, las cuales transformaron la fisonomía de algunas villas que venían mostrando cierto auge urbanístico, sobre todo Santo Domingo, que pasó de aldea a «ciudad». Tener recursos, así fueran pocos, permitió a Cáceres y su equipo emprender obras públicas como fueron las mejoras de los puertos del país, que eran estratégicos para la inserción de la economía mundial.
La dinámica mercantil fue aupada con el tendido de nuevas líneas telegráficas, nuevas líneas ferroviarias, líneas telefónicas, tres faros, parques y caminos vecinales, que agilizaron los despachos mercantiles, la movilidad de la fuerza laboral y creó condiciones para la circulación de las mercancías.
El impacto de estas obras fue de tal magnitud que estimuló la inversión privada en edificios, casas, parques y otros. La capital, Santiago, San Pedro de Macorís y Puerto Plata fueron las beneficiadas, crecieron numéricamente, cambiaron sus fachadas y atrajeron poblaciones extranjeras.
La materialidad estatal, escasa hasta Cáceres, creció y la causa está en el auge económico y el orden que a sangre y fuego se impuso, tal como había ocurrido en otros lugares.
Las obras pasaron a ser visibles y con ellas el Estado, lo cual generaba simpatías en unos y duras críticas en otros porque no se invertía sino en obras que demandaba el auge mercantil y algunos recusaban los métodos drásticos empleados.
Para construir un hospital para la lepra fue menester que varias logias aunaran esfuerzos, que lo aprobara el Congreso y que particulares se integraran a las recaudaciones para lograrlo.
El Estado actuaba, pero no en inversiones sociales. Era la misma lógica del capitalismo de otros lugares, crear las condiciones generales para la reproducción del capital.
Para 1910 se dispuso en el presupuesto que Interior y Policía gastara $670,453,55, Hacienda y Comercio $2,939,105.90, Agricultura $11,219.40 y Fomento $388,922.400
LA MODERNIZACIÓN OLIGÁRQUICA
A partir de las reformas constitucionales de 1907 y 1908, el Estado dominicano quedó estructurado de tal forma que estuvo en condiciones de operar con mayor nivel de eficacia administrativa que en épocas precedentes.
La Constitución dispuso que el Congreso operara con dos cámaras, la senatorial y la de diputados, confiriendo con ello mayor espacio de discusión y debates antes de aprobar una ley. El interés de frenar la forma premoderna de hacer política expresadas en las montoneras, los complots y los enfrentamientos personales, tuvo en los cinco años de Cáceres sustancial apoyatura institucional, pero no se logró superarla del todo.
Los liderazgos en ambas cámaras se afianzaron y la prensa de la época es testigo de debates, críticas, propuestas y contrapropuestas, aprobaciones y rechazos, a iniciativas presidenciales y congresuales.
El Poder Judicial siguió estando integrado por la Suprema Corte de Justicia, que además pasó a ser corte de casación; hubo dos cortes de apelación, seis tribunales de primera instancia, jueces de instrucción y jueces alcaldes.
El Poder Ejecutivo pasó a estar integrado por seis secretarías de Estado; la de Justicia e Instrucción Pública, Guerra y Marina, de Agricultura e Inmigración (en sustitución de Hacienda y Comercio), Correos y Teléfonos, Fomento y Obras Públicas y Relaciones Exteriores.
Para 1910 el presupuesto contemplaba todas estas carteras: Poder Legislativo, Presidencia, Poder Judicial, Interior y Policía, Relaciones Exteriores, Hacienda y Comercio, Marina y Guerra, Justicia e Instrucción Pública, Agricultura e Inmigración, Fomento y Comunicaciones y Trabajos Públicos.
Actuando sobre cierta planificación, cada secretaría creció en presupuesto entre 1906 y 1911. La jurisdicción de cada secretaría creció, un ejemplo de ello fue el correo.
Las inversiones en educación fueron hechas en las zonas de mayores actividades agrícolas. Así, en 1904, solo se disponía de 200 escuelas, que pasaron a ser 481 en 1909 y 526 para 1910, la mayoría regenteada por mujeres, lo que era una expresión del auge agroexportador.
La asistencia en las escuelas era casi nula antes de 1906 y los salarios magisteriales exiguos; se elevó el salario y se incentivó la asistencia la escuela, se imprimieron libros de textos y fomentaron los concursos estudiantiles.
Una consecuencia directa del proceso organizativo en el gobierno de Cáceres fue el auge de las estrategias ilegales de supervivencia de parte de la superpoblación relativa de flotantes. De 1906 a 1909 los tribunales conocieron 1,714 casos de delincuencias y para 1910 el número de personas juzgadas por delitos diversos ascendió a 3,061.
El auge de la delincuencia estuvo dado por los controles a los comerciantes, la vigilancia en los puestos y controles policiales en las ciudades, precisamente para prevenir hurtos a la propiedad privada. De la Rosa estima que «esta crisis social, que debía ser pasajera, no fue, desgraciadamente, el único resultado del control. Este produjo además consecuencias perniciosas en los asuntos políticos del país (…) la cosa es más grave porque la autonomía y aún la existencia misma del Estado puede verse excesivamente comprometida».
Todo lo antes dicho ilustra que el Estado creció, se organizó, pero el resultado no fue positivo para la mayoría; se trató de una modernización oligárquica que excluyó a las masas: por un lado. se afianzó el grado de composición orgánica del capital y por otro, como demuestran los datos, se incrementó el bandolerismo social, lo que se hizo más acentuado y tomó matices político-militares, bajo la siguiente dictadura, entre 1916 y 1924.
CONCLUSIÓN
Pocas veces podemos identificar líneas de continuidad histórico-programática tan claramente como en el proyecto que resultó de la penetración de los capitales norteamericanos y los inversionistas nacionales que articularon una alianza socio-política para superar el caos de los caudillos, crear un orden imprescindible al desarrollo de las relaciones capitalistas y organizar instituciones afines a ese proyecto, como el identificable en el ascenso al Partido Azul al poder en 1879, la dictadura de Heureaux de 1877-1899 y la dictadura de Cáceres 1906-1911.
Se puede ver continuidad del Estado representativo en las disposiciones gubernamentales de Cáceres, en las decisiones de los gobernantes del Partido Azul y con posterioridad en las decisiones contenidas en las órdenes ejecutivas de los ocupantes norteamericanos de 1916-1924.
De esos momentos se colige: primero que era necesario para derrotar el caos y crear la paz que requería el capital, para crear las condiciones que se requería para la producción y la circulación de mercancías, así como la ampliaron del mercado interno y la creación de la infraestructura necesaria, grandes inversiones que conllevaron al incremento de la deuda y la vulnerabilidad del Estado. La nación financió la versión dependiente del capitalismo dominicano para beneficio de los inversionistas nacionales y extranjeros que operaron directamente sobre el Estado, creando un poder-propiedad que bloquea que el Estado pueda solo servirles indirectamente y con ello poder compensar a la población en bienes y servicios lo que le quita en impuestos y tasas. Un segundo momento sería aquel donde la expansión de la deuda estaría en consonancia con las necesidades de eficientizar el Estado por medio de la creación de una mayor división social del trabajo a su interior, en especial en el ordenamiento jurídico-administrativo.
Las tareas autorreguladoras del gobierno y el Estado demandaban disciplina social, de ahí que la escuela y los horarios laborales fueran las bases de esta fase, y las encontramos parcialmente en Cáceres, como componente histórico en su proyecto modernizante, que nunca podrá ser reducida a ambiciones personales pues es la expresión de un proyecto clasista para generalizar el capitalismo en el país.
En ese contexto la administración de Cáceres no puede verse al margen de las fuerzas socioeconómicas que entraron en escena con las inversiones en el área azucarera y que requerían gobierno de fuerza y eficacia administrativa para lograr su acumulación originaria y capitalista en el marco de dictaduras que restringieran las libertades públicas y crearan las condiciones generales para la reproducción del capital.
La gestión de Cáceres (1906-1911) es clave a la hora de hurgar en el origen del capitalismo como dominante en la formación social nacional y en el proceso de crear una sociedad moderna que reflejara los criterios de la civilización occidental. Se avanzó, empero quedaban múltiples tareas por lograr y si bien el capitalismo es dominante en esa formación social siguen estando en ella lastres de la premodernidad.
