Por Dante Ortiz
Para viabilizar soluciones a los asuntos locales surgió la división de los territorios en provincias, municipios, parajes y secciones. El Imperio romano sintetizó y legisló al respecto y transmitió a Europa Occidental las leyes, organigramas y criterios de trabajo sobre esas divisiones. La historia hispánica durante la Edad Media enriqueció las experiencias sobre los cabildos y al ser instalados en América estos han hecho grandes aportes a. los gobiernos locales.
Hoy en día los Estados valorizan las provincias y municipios como unidades territoriales que permiten la descentralización, control de recursos y mayor agilidad en las respuestas a las demandas ciudadanas. El municipio es de importancia capital en una administración pública que priorice la calidad de vida de los ciudadanos. En República Dominicana la valoración de los ayuntamientos es precaria y se utilizan como mecanismos de acumulación de capitales, sin cumplir las tareas que le acuerda la ley.
Además de la división de los poderes tradicionales existe el Poder Municipal, reglamentado de modo y manera que es cuestión lógica que los aspirantes a cargos electivos sean residentes del lugar y conozcan la problemática del mismo, las normativas jurídico-administrativas y éticas vigentes para hacerle frente a los problemas locales y aportar soluciones. Una cuestión de primer orden que genera legitimidad es incorporar a los residentes locales a la administración de los asuntos de su municipio. Pocas veces se aplica ese criterio.
Los municipios dominicanos se rigen por la Ley 176-07 que norma la organización, funciones y recursos de los ayuntamientos, la cual busca que los cabildos promuevan el desarrollo de su territorio. Para que este mandato se cumpla los munícipes y ediles deben presentar determinados perfiles, siendo la ética el primer componente, pues se ha de administrar dinero público, por tanto, se ha de rendir cuentas y sobre todo trabajar para crear lugares habitables, con agua, electricidad, parques, jardines, recogidas de desechos, calles señalizadas, servicios de salud, educación, mercado, tiendas, preservar el patrimonio histórico y medioambiental. Una mirada superficial a la conducta de los alcaldes demuestra que eso no se cumple y que los ediles están en otras cosas que en nada beneficia a la población.
Los criterios políticos, jurídicos y administrativos en la constitución de los bufetes directivos de los Concejos para la operatividad municipal también constan en la referida ley, que como todas las normativas debería ser conocida por candidatos y electores. Todo eso ha sido constantemente ignorado por los partidos y organizaciones que postulan a cargos municipales.
La praxis política de los partidos tradicionales ha ignorado los perfiles de quienes escogen para cargos públicos, especialmente municipales. Las cúpulas partidarias irrespetan la ley municipal al postular personas que no residan en la comarca, que desconocen los problemas inherentes a sus barrios e ignoran el acervo histórico de la misma, por lo que son ellos los principales responsables del estado calamitoso de las comunidades, además de no rendir cuentas del manejo de los fondos asignados y recibidos por arbitrios.
La mayoría de provincias y municipios acusan graves crisis de planificación y transparencia, por lo que procedería realizarle auditorías a cada gestión, de seguro muy pocas saldrían limpias y tendrían que explicar el origen de muchas fortunas y propiedades. Los cabildos han sido cotos de síndicos, regidores y funcionarios para la promoción social y económica vía la depredación del patrimonio municipal, encubiertos con una red de complicidades que incluyen los jefes políticos, abogados, periodistas y contadores; todo ello en desmedro de la calidad de los servicios que deben brindan.
El más calamitosos de esos casos se da en la capital, donde la mayoría de los servicios que requiere la población están concentrados en el llamado Polígono Central, al sur de la provincia.
Los habitantes de Santo Domingo Este, Norte, Oeste, Boca Chica y Pedro Brand tienen que desplazarse para diligencias médicas, universitarias, económicas y otras, lo que implica gran concentración de personas hacia donde están las universidades, servicios públicos y centros de labores por lo que se constituye en el principal factor del caos en el transporte, gasto de gasolina, costo económico, pérdida de tiempo y costo de oportunidades que se vive día a día en el Gran Santo Domingo. Todo ello, por falta de planificación, oposición obtusa a la descentralización administrativa e inoperancia política de líderes y entidades mentalmente ancladas en el siglo XIX.
De la falta de planificación se derivan muchos otros problemas que conllevan costos financieros, pero a la burocracia inoperante no le importa, pues se benefician del caos. De tal situación se deriva que una de las principales tareas de la presente coyuntura sea la de persistir en dotar de marcos jurídicos e institucionalizar el Estado y los cabildos. Para lo cual es imprescindible que sus funcionarios tengan perfiles de idoneidad profesional y política. Hasta donde alcanzan mis datos solo el Frente Amplio y Patria para Todos definieron perfiles éticos y de eficiencia para la escogencia de candidatos para las elecciones municipales del 2024.
El hecho que haya aspirantes a alcaldías y regidurías sin los perfiles señalados y que no residan en la zona donde aspiran es una obstrucción a la elección de ciudadanos idóneos y por tanto un bloqueo a los procesos institucionalizantes, además de una flagrante violación a la ley. Frente a tales males ha primado la indiferencia de la Junta Central Electoral (JCE). Por lo que se espera que para las elecciones municipales de febrero de 2024 se actúe con prestancia y frenar esa práctica perversa.
Se alega que el aspirante a alcalde no tiene que tener todas las cualidades porque no ha de trabajar solo, que habrá un Concejo de ediles y administradores, técnicos, abogados y empleados con experiencia en los asuntos locales. Claro que el alcalde no tiene que saberlo todo, pero la falta de perfil adecuado: conocimiento de la ley municipal, probidad profesional y ética, conlleva que tenga objetivos divorciados de los asuntos municipales de interés comunitario y eso perpetua la crisis de representatividad y operatividad que tienen la mayoría de ayuntamientos.
Un fracaso en una gestión pública agudiza los problemas locales, ya que los mismos se agudizan haciendo más costosas sus soluciones. Tal es el caso del descuido de los sistemas sanitarios y de planificación de la recogida de desechos sólidos. Los malos servicios municipales bajan la calidad de vida al crearse situaciones nefastas que dañan el entorno. La mayoría de gestiones incumplen las leyes municipales y sus responsabilidades contractuales con la ciudadanía, adquiridas en las elecciones donde fueron electas.
El panorama es complejo: parques abandonados, aceras y contenes inservibles, falta de señalización de calles, numeración de casa caóticas, apropiación de lugares públicos por motoconchistas, venduteros y mecánicos que obstruyen todo y transporte escolar que pone en riesgo la vida de los niños, adolescentes y transeúntes, mientras las autoridades municipales se hacen los desentendidos legitimando el desorden con su inoperancia. Por ello, se han perpetuado los males sempiternos en los municipios.
Los deseos e intentos ciudadanos de elegir comunitarios vinculados a las luchas barriales, conocedores de las demandas locales y con perfiles éticos y de servidores público se han visto bloqueados por el clientelismo, pero resulta que tales perfiles son condición para conocer los problemas, planificar políticas, vincular las poblaciones a la búsqueda de mejores entornos y crear municipios sanos. Con ello se generaría legitimidad en el torno a las gestiones municipales. Estas elecciones municipales deberían originar un debate en torno a la calidad de la cuestión municipal.
